La Economía del Bienestar abre la puerta de manera objetiva a la intervención pública para corregir las situaciones en las que el mercado no produce eficientemente, ya sea por no funcionar en competencia perfecta, por generar distribuciones percibidas socialmente como poco equitativas o por producir en niveles inferiores al pleno empleo. Esta intervención del sector público, ya es universalmente aceptada (mucho más en momentos de crisis de los sistemas económicos de libre mercado). Por tanto, en los últimos años hemos oído hablar mucho de las empresas públicas y de los planes del Gobierno para eliminar el elevado número de ellas que se habían creado con el fin de reducir el déficit público. Pero, ¿qué es una empresa pública y cuál es su finalidad?

Instrumento de intervención del poder público en la economía, mediante la producción de bienes y servicios, en cualquier sector de actividad, organizado en forma de empresa, que en principio se financia con las contraprestaciones recibidas de sus clientes en forma de precios y en la que la participación del Estado en su propiedad le otorga el control de la misma.

En España existen un total de 780 empresas públicas, de las cuales:
- 213 empresas no financieras dependientes del Estado
- 267 empresas no financieras dependientes de las Comunidades Autónomas
- 269 empresas no financieras dependientes de los ayuntamientos
- 31 instituciones financieras publicas

-El Estado invierte capital con el fin de satisfacer necesidades sociales.
-La finalidad de las empresas no es obtener ganancias sino satisfacer necesidades sociales, aunque no deben perder de vista el principio de racionalidad económica.
-Muchas de estas empresas no tienen competencia en el mercado por lo cual forman verdaderos monopolios.
-Se ubican principalmente en el sector servicios, especialmente en la infraestructura económica.
-El Estado toma las decisiones económicas volviéndose un verdadero empresario.

Las directrices marcadas por el gobierno definen los objetivos a seguir por la empresa pública que se fijan entorno a los siguientes parámetros:

➢ Eficiencia económica: hay que distinguir entre la eficiencia tecnológica y de gestión y la eficiencia asignativa. La primera exige, al igual que para la empresa privada, la adopción de las medidas necesarias para que el proceso productivo sea lo menos costoso posible (organización y gestión eficientes). La segunda va más allá, la empresa pública debe contribuir a la asignación óptima de los recursos productivos de un país, por ejemplo contribuyendo a solucionar fallos del mercado como la existencia de externalidades o de bienes públicos.

➢ Rentabilidad: mientras para la empresa privada la rentabilidad en estricto sentido viene dada por el beneficio antes de impuestos, para una empresa pública la referencia se traslada al excedente comercial bruto, es decir la diferencia entre los ingresos totales de la empresa y sus costes de explotación, entre los que no se incluirán ni los intereses ni la depreciación o amortización, lo que en la actualidad se viene denominando EBITDA.

➢ Incidencia sobre la distribución de la renta: El hecho de ser empresas públicas induce por tanto a una redistribución a favor de los consumidores y si además las empresas utilizan inputs nacionales, estos se traducen en incrementos en la actividad y en la renta del territorio de implantación. El primero de los efectos se da en el caso de empresas como RENFE o las compañías públicas de transporte metropolitano, entre cuyos objetivos se encuentra la vertebración e integración territorial y el favorecer la movilidad de grupos sociales poco favorecidos, y el segundo es claramente perceptible en casos de empresas públicas que tienen como objetivo mantener la actividad y la renta de la región en la que se implantan sus centros de producción, como es el caso el sector público minero en Asturias o León, del naval en Galicia o Cádiz o del automovilístico en Jaén, entre otros.

➢ Incidencia sobre distintas variables macroeconómicas: las empresas públicas suelen ser empresas de gran tamaño en sectores estratégicos por lo que, por ejemplo, el peso de su gasto de inversión tiene efectos sobre la demanda agregada nacional y el PIB (ferrocarriles, aeropuertos, etc.). La actividad de las empresas públicas también tiene impacto en variables como el salario. El alto grado de afiliación sindical de los trabajadores de este tipo de empresas permite negociar sistemas retributivos muy favorables que pueden ser utilizadas como ejemplo en otros sectores de la economía.

El adecuado funcionamiento de la empresa pública requiere de una clara y correcta definición de sus objetivos acompañada de un adecuado sistema de control que obligue a su cumplimiento.

El control financiero aplicado a las empresas públicas tiene mucho que ver con la forma de organización de la misma, sin embargo es práctica habitual que se ciña fundamentalmente al control de los gastos de inversión, ya que son estos los normalmente requieren y aglutinan la mayor parte de los préstamos y subvenciones concedidas por el gobierno a las mismas. En ciertas ocasiones el control se extiende a la política de endeudamiento seguida por la empresa pública, fundamentalmente la que se deriva de déficits de gasto corriente.

Además del control financiero existe la posibilidad de definir reglas económicas. Este proceder contribuye de manera destacada a la descentralización en la toma de decisiones por parte de la empresa, al permitir un mayor nivel de autonomía, y suele ser un elemento incentivador para la consecución de mayores niveles de eficiencia y rentabilidad. Dichas reglas pueden ser: fijar precios atendiendo al coste marginal, establecer objetivos financieros anuales o plurianuales (fijación de excedentes), marcar criterios técnicos para la asunción de proyectos de inversión (valor actual neto, tasa interna de retorno, análisis coste-beneficio), etc.

Finalmente otro sistema de control es la inspección o auditoria externa. Según su procedencia podremos encontrarnos con inspecciones realizadas por el propio gobierno, realizadas por organismos autónomos como puede ser el Tribunal de Cuentas, procedentes de comisiones parlamentarias, o auditorias realizadas por entidades privadas contratadas por la propia organización.

Existe el caso de empresas privadas que pasan a ser públicas, esto se debe a que en algunas ocasiones los gobiernos toman la decisión de nacionalizar dicha empresa, o por el contrario es el sector privado quien compra las acciones de las empresa para así privatizarla, cabe destacar que para que una empresa deje de ser considerada pública el Estado debe poseer menos de la mitad de las acciones, de lo contrario seguirá al mando de la toma de las decisiones.

Ariño Ortiz, Gaspar.Empresa pública y empresa privada. Aranzadi,2017.

Isabel Argimón, Concha Artola, José Manuel González-Páramo. Empresa pública y empresa privada: titularidad y eficiencia. Servicio de estudios- Banco de España

http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0001&IdContainer=50

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica

http://blogs.libertaddigital.com/enigmas-del-11-m/las-empresas-publicas-en-espana-11373/

María Pilar Longás Gotor