Es el instrumento por el cual los ciudadanos pueden recurrir las decisiones de la Administración Pública y permite revisar el acto administrativo por el mismo órgano que lo dictó, siempre que ponga fin a la vía administrativa.

Es un recurso administrativo ordinario, potestativo y horizontal. Es horizontal ya que se interpone ante el mismo órgano que hubiese dictado el acto impugnado. Tiene carácter potestativo o dispositivo, lo cual quiere decir que los interesados tienen la alternativa de interponer el recurso de reposición o bien, si lo prefieren, interponer el recurso contencioso-administrativo directamente. O dicho en otras palabras, este proceso puede ser interpuesto, con carácter previo y potestativo al recurso judicial contencioso-administrativo o también puede ser judicial, contra providencias y resoluciones judiciales, tales como diligencias de ordenación.

Se pueden recurrir las resoluciones y los actos de trámite, que pongan fin a la vía administrativa, siempre que éstos últimos decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. A estos actos los llamamos actos de tramite cualificados. (articulo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas) Se puede fundamentar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas]

¿QUE ACTOS PONEN FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA? (articulo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas)

• Las resoluciones de los recursos de alzada.
• Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.
• Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario
• Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de

finalizadores del procedimiento.

• La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial,

cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

• La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a

los que se refiere el artículo 90.4.

• Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal

o reglamentaria así lo establezca.

¿QUIEN PUEDE SOLICITARLO/PRESENTARLO?

Están legitimados para interponer este recurso los interesados en el acto administrativo, según el concepto del artículo 4 de la Ley 39/2915, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas que establece lo siguiente:

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

• Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos

individuales o colectivos.

• Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar

afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

• Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

• Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y

sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

A su vez, el articulo 5 de la misma ley establece que para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones,interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia