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INTRODUCCIÓN.

Tanto la Ley Orgánica General Penitenciaria como el Reglamento Penitenciario establecen que la política de redistribución geográfica de los penados debe estar encaminada a evitar el desarraigo social de los mismos, procurando que las áreas territoriales coincidan, en la medida de lo posible con el mapa del Estado de las Autonomías, dedicándose a los penados de cada áreas la totalidad de la capacidad de los centros de cumplimiento que en la misma se ubiquen y procurando que cada área cuente con el número suficiente de establecimientos para satisfacer las necesidades penitenciarias.

La Constitución Española de 1.978 refleja el fin resocializador de la sanción penal cuando en su art. 25.2 dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.

Puestos en conexión ambos preceptos, no cabe duda que en aras a lograr esa reinserción social es fundamental la proximidad del preso que se halla cumpliendo condena a su lugar de origen o a aquél en donde tiene mayor arraigo familiar, afectivo, cultural o económico.

CONSECUENCIAS

El alejamiento del preso de su lugar de origen o de aquél en donde tiene mayor arraigo familiar, afectivo supone un coste añadido y una especie de pena indirecta para familiares y personas unidas por cuestiones de afectividad con el preso, ya que en ocasiones han de desplazarse cientos de kilómetros para efectuar las visitas y comunicaciones. Con el tiempo estos vínculos familiares y afectivos van deteriorándose por cuestiones de tiempo, estado de salud, edad avanzada.

Sin embargo la realidad no siempre responde a lo que la legislación prescribe si tenemos en cuenta las abundantes quejas de los internos referidas en un buen número de casos al alejamiento que sufren con respecto a sus familias, sin que aparentemente existan motivos para ello distintos a la mera falta de plazas.

La situación la agrava la tendencia actual a la construcción de las macrocárceles que a menudo aíslan y alejan de su entorno familiar, cultural, afectivo, de origen, económico a los presos.

La Recomendación R (87) sobre las Reglas Penitenciarias Europeas aprobadas el 12 de febrero de 1.987 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa establece que los contactos con las familias y las informaciones con la familia exterior son esenciales para los objetivos de los sistemas penitenciarios modernos y progresistas preocupados por atenuar los efectos del internamiento y de optimizar las posibilidades de reinserción social.

El preso debe cumplir su pena próximo a su entorno social, cultural y familiar, puesto que el contacto con su entorno más próximo es lo que verdaderamente va a contribuir a una integración social progresiva y plena fundamentada en el respeto a la dignidad del recluso.

Se debe evitar que el cumplimiento de la condena origine un desarraigo familiar motivado por el alejamiento geográfico entre la cárcel y el domicilio; desarraigo que se intensifica cuando el ciudadano preso no puede comunicar con sus familiares que por razones de edad, salud, o insuficiencia de medios materiales o económicos no pueden desplazarse hasta la cárcel.

ARGUMENTACIONES

Para favorecer su reinserción es fundamental conseguir que el penado no pierda el contacto con el medio comunitario en que estaba integrado en la vida en libertad, siendo esencial para ello destinarlo al centro de cumplimiento más próximo al lugar de su residencia habitual , para mantener la comunicación con su entorno social, sus amigos, familia, con las instituciones que se dedican a la rehabilitación de ex-reclusos, promoviendo además el acceso a las relaciones laborales en régimen de semilibertad. La localización del centro de cumplimiento de la condena próxima al entorno social y familiar del que formaba parte integrante el preso antes de su ingreso en prisión es fundamental en cuanto se halla estrechamente vinculada a la finalidad reinsertadota de la pena privativa de libertad constitucionalmente preconizada.

En materia de permisos penitenciarios es sumamente importante la existencia y mantenimiento de la vinculación familiar, pues la inexistencia de vínculos familiares es en la práctica uno de los motivos de denegación de los mismos, por lo que desde el inicio de la condena se debe mantener el vínculo preso-familia para lo que es fundamental la proximidad geográfica entre ambos.

Así las cosas, el traslado de presos debe obedecer a razones de cercanía con el domicilio familiar, en caso de que un Juzgado requiera al preso para la práctica de alguna diligencia, o bien, por razones de tratamiento, por ejemplo si estuviera en una cárcel que no tuviera un módulo de rehabilitación para drogodependientes; evitándose los traslados que encierren una forma encubierta de castigo , por ejemplo cuando se aleje a un preso de su entorno familiar y social más próximo por ser especialmente reivindicativo.

CASOS ACTUALES

Ante estas argumentaciones se plantea el tema de la dispersión de presos etarras. En tal caso está claro que han primado los motivos políticos sobre los legales y constitucionalmente exigibles.

En esos casos se ha producido indudablemente una desubicación y desarraigo de la comunidad social y familiar del preso pero a mi entender nos hallamos ante una política de dispersión justificada por la lucha contra una organización terrorista de sangrienta historia, y la legislación contempla supuestos tales como el terrorismo (también el islamista) o el narcotráfico en los que la Justicia permite alejar geográficamente a los presos por motivos diversos.

CONCLUSIÓN

En cualquier caso y a efectos de garantizar que se ajusten a Derecho, los traslados deberán ser acordados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en base a propuesta de la Junta de Tratamiento, el Director o el Consejo de Dirección, y el traslado del preso será siempre notificado al Juez de Vigilancia y en el caso de que sea un preso preventivo será el Juzgado que lleve el procedimiento quien deba recibir dicha notificación.

BIBLIOGRAFÍA

- http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html (Página Constitución Española de Noticias Jurídicas).

- http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html (Página Ley Orgánica General Penitenciaria de Noticias Jurídicas).

- Manual “Derecho Penitenciario”, Vicente Cervelló Donderis. 2º edición. Editorial Tirant monografías 194.

Eduardo Baltasar del Hoyo

/home/lefisadmin/public_html/lefispedia/data/pages/es/traslado_de_presos.txt · Última modificación: 2017/03/21 11:18 (editor externo)