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Poder Judicial

Introducción

La caracterización de este poder parte de su comparación con los otros poderes del Estado, de modo que mientras que los Poderes Legislativo y Ejecutivo, encarnados por el Parlamento y el Gobierno respectivamente, son poderes políticos vinculados a la legitimación democrática que le proporciona su elección por parte de los ciudadanos; respecto del Poder Judicial no ocurre lo mismo, se trata de un poder exclusivamente jurídico que es y debe ser indiferente al proceso político. Por tanto, la legitimación de este poder parte inequívocamente del deber de jueces y tribunales de resolver todos los conflictos que les son planteados, limitándose a la aplicación de las normas jurídicas y se asienta fundamentalmente sobre su imparcialidad.

Definición

Podemos definir el Poder Judicial como aquel poder del Estado cuyo origen como tal se halla estrechamente vinculado a la configuración del Estado de Derecho, encargado de la aplicación del Derecho para la resolución de conflictos mediante un estricto sometimiento al imperio de la Ley.

Evolución histórica

La configuración del Poder Judicial se halla estrictamente vinculado a la división tripartita del poder dentro del Estado de Derecho. Éste surge como consecuencia de las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII y XIX, y viene determinado por el nacimiento del Estado Liberal; precisamente, uno de los principios fundamentales del Liberalismo se basaba en la división de poderes como respuesta al ejercicio absolutista del poder que caracteriza al Antiguo Régimen. En este sentido, la nueva clase social ascendente, la burguesía, plantea la necesidad de establecer un sistema de administración de Justicia que sea acorde a sus intereses, ajenos a los postulados de Absolutismo en aras a proteger la libertad individual del ser humano y sustraer el ejercicio de la actividad judicial a las presiones del poder real.

El máximo exponente de estos planteamientos es, sin duda, la Revolución francesa; por otra parte, Montesquieu será autor fundamental de la teoría de división de poderes, el cual define al Poder Judicial, dentro de los anteriores, como un poder nulo: “De los tres poderes de los que hemos hablado, el de juzgar es en cierta manera nulo. No quedan más que dos”; y añade: “De esta forma el poder de juzgar tan terrible entre los hombres, al no estar vinculado ni a un cierto estado ni a una cierta profesión, deviene, por así decirlo, invisible y nulo”.

No obstante, el ideal de Montesquieu es un desideratum, esto es, manifiesta que la aplicación del Derecho implica un poder terrible; y en efecto, lo es, pues un ejercicio torticero de esta plantea peligros nada desdeñables para la libertad de los ciudadanos. Para ello, es necesario que sea indiferente al poder político, garantía de independencia e imparcialidad de los jueces y tribunales.

Será en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se sentarán las bases de la definición del modelo de organización del poder político y en consecuencia, de las características del Poder Judicial que se encuentran en el seno de la formulación constitucional actual. Ello se produce en el contexto político del triunfo definitivo del Estado Constitucional sobre el Antiguo Régimen y por tanto la potenciación de todos sus principios.

Poder Judicial: Constitución de 1978

La Constitución de 1978 otorga una posición fundamental a la justicia y al Poder Judicial. Tras la consagración de aquella como un valor de los considerados como superiores (art. 1.1 CE) dentro del ordenamiento, se diseña el modelo orgánico y organizativo de la función jurisdiccional del Estado de acuerdo con los postulados expuestos (Título VI CE). A través del modelo establecido en la Constitución y por la Ley Órganica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; tal modelo se sustenta sobre un conjunto de principios que pretende garantizar derechos e intereses legítimos de las personas y bienes amparados por el ordenamiento jurídico.

Legitimación democrática: sumisión a la Ley.

La sumisión a la Ley es la forma que constitucionalmente se hace realidad el principio de legitimación democrática del poder judicial. El juez tiene legitimidad porque cuando actúa se impone la voluntad general, es decir, la voluntad de los ciudadanos que toma cuerpo por una Ley creada por sus representantes.

Se trata por tanto de una legitimación funcional: es la fuerza de la ley y el hecho de estar sometido a ella lo que posibilita que se pueda afirmar su independencia. En consecuencia, se trata de una legitimación objetiva y pretérita.

Principio de independencia

Al principio se propugna sólo en tanto que Poder del Estado. No obstante, posteriormente se incide en la idea de que jueces y magistrados son individualmente independientes, no existe entre ellos dependencia jerárquica; en definitiva, cada juez es titular del poder judicial a título individual.

Por consiguiente, la independencia del juez es absoluta, tanto en el interior del poder judicial como frente al exterior y en tal sentido, la misma Constitución prevé diversas garantías para asegurar esa independencia. Entre ellas, el Consejo General del Poder Judicial.

Principio de imparcialidad

Deriva del principio de independencia. No se encuentra recogido expresamente en la Constitución; si bien el Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente que el art. 24 CE, al consagrar el derecho a un proceso público con todas las garantías incluye la que concierne a la imparcialidad del juez o tribunal sentenciador (STC 113/1987).

Podemos entender que el principio de imparcialidad es el principio de independencia considerado desde una perspectiva funcional; pues se exige además que no tenga especial relación con las partes o con el objeto del proceso. La vulneración del principio de imparcialidad tiene que ser advertida o alegada en caso, regulado en los arts. 217 a 228 LOPJ.

  • Abstención: advertido por el propio juez.
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